Están modificando y mejorando los métodos AML.
El desarrollo de nuevas tecnologías ha creado oportunidades avanzadas para que los delincuentes hagan un mal uso de la alta tecnología con fines de lavado de dinero.
El uso de activos virtuales como las criptomonedas está en auge, tanto para fines legítimos como ilícitos.
El anonimato de las criptomonedas y la naturaleza del blockchain permiten efectuar transferencias de fondos en grandes cantidades, sin restricciones, de manera fácil y rápida.
En enero de 2021, se estimaba que había 106 millones de usuarios de criptomonedas en todo el mundo, pero falta información sobre la utilización de las criptomonedas con fines delictivos, incluido el blanqueo de dinero de las actividades ilícitas.
De acuerdo con el informe Chainalysis de 2021, de los USD 21,4 mil millones estimados en transacciones de criptomonedas en 2019, la actividad delictiva representó alrededor del 2,1 por ciento (USD 450 millones).
Las criptomonedas tienen características únicas, como el anonimato, efectuar transferencias de fondos en grandes cantidades, sin restricciones, de manera fácil, rápida y su naturaleza sin fronteras y su existencia fuera de lo formal.
El sistema financiero sigue siendo una opción tentadora para que los delincuentes oculten el producto de la corrupción y otros delitos, eludan impuestos o financien el terrorismo.
En algunos casos y a fin de no ser detectados, los delincuentes utilizan a terceros para disfrazar fondos ilícitos. Esta operatoria facilita a los delincuentes la conversión de fondos en diferentes monedas, moverlas libre e independientemente, sin la intervención de bancos regulados, por lo que, en algunos casos, no se verifica el propósito o la legitimidad de las transacciones.
Ciertos criptoactivos, a los que se suele denominar monedas de privacidad, monedas privadas o monedas anónimas, intentan ocultar la información sobre las transacciones, están diseñadas específicamente para enmascarar la información del usuario dando a los mismos más privacidad.
Por todo ello las Entidades Bancarias y Financieras, entre otros, deben mejorar sus programas contra el riesgo de lavado de dinero. realizando evaluaciones de riesgo de los clientes, monitoreo constante de transacciones y selección de listas de vigilancia de sanciones. A pesar de ello se efectúan transacciones e intercambios de divisas digitales que carecen de requisitos tan exigentes.
Como resultado, las fuerzas de seguridad están cargadas con responsabilidades de investigación adicionales relacionadas con el riesgo de lavado de dinero, y el FBI invierte aproximadamente el 75 por ciento de sus horas hombre relacionadas con delitos financieros investigando la moneda digital.
Se produjo, recientemente, la primera condena en Argentina por lavado de dinero con criptomonedas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de la Ciudad de Bahía Blanca, en Argentina, junto al pedido del fiscal, condenó por primera vez a un operador de criptomonedas, junto a otros seis sospechosos, por los delitos de narcotráfico, acusados de lavar USD 468.400 para narcotraficantes.
La causa comenzó en 2017 a partir de una nota remitida por la Drug Enforcement Administration (DEA) norteamericana a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) que alertaba sobre una operación de narcotráfico en la región.
El operador de criptomonedas fue sentenciado a la pena de 5 años de prisión y una multa de ocho veces el monto de las operaciones. Al resto, se los acusa de haber almacenado casi dos toneladas de cocaína en un depósito del parque industrial de Bahía Blanca, con condenas que llegan a los 15 años.
La policía comprobó que el operador facilitaba las maniobras de lavado de activos a través de Bitcoin.
El acusado era reconocido en el negocio de criptomonedas, tenía su propio sitio web, donde ofrecía, públicamente, servicios de compraventa de monedas digitales.
La plataforma utilizada es un Marketplace abierto donde los usuarios pueden comprar y vender Bitcoin en formato P2P (peer to peer, o de persona a persona). Se diferencia de los exchanges tradicionales en que no hay intermediarios y las transacciones son anónimas.
El Tribunal lo imputó por no haber realizado la debida diligencia colocando en el mercado financiero el dinero perteneciente a la organización criminal.
El objetivo era que los montos transaccionados perdieran el rastro y eventualmente ingresaran al sistema financiero con apariencia lícita. Todas las operaciones se realizaron sin recibo, registro o constancia alguna.
Las criptomonedas son una innovación relativamente nueva, pero han pasado rápidamente de un nicho de mercado a un producto global. En consecuencia, se ha abusado de las criptomonedas de diversas formas ilícitas e ilegales.
Si bien se aplica el mismo proceso criminal de lavado de dinero, las criptomonedas han brindado nuevas oportunidades para que ocurra el blanqueo de este, proveniente de actividades ilegales.
Por suerte se están realizando muchos esfuerzos y en varios frentes para abordar el riesgo emergente.
Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), respecto a los activos virtuales (cualquier representación digital de valor que se puede negociar o transferir digitalmente y se puede utilizar con fines de pago o inversión) y los proveedores de servicios de activos virtuales VASP (personas físicas o jurídicas que ofrecen servicios como el intercambio entre diferentes activos virtuales y monedas fiduciarias, transferencia, custodia, administración o la prestación de otros servicios financieros relacionados con activos virtuales), mencionan, entre otras cosas:
• Aplicar un enfoque basado en el riesgo a los riesgos de lavado de dinero asociados con los activos virtuales.
• Exigir licencia /registro a los proveedores de servicios de activos virtuales y estar sujetos a la regulación y supervisión adecuadas.
• Llevar a cabo la debida diligencia del cliente en transacciones únicas de más de USD / EUR 1,000 y remitir informes de actividades sospechosas.
• Recabar información sobre el originador y el beneficiario de las transferencias y mantener registros a disposición de las autoridades competentes (la llamada regla de viaje).
Es una muy buena noticia que las fuerzas del orden, las agencias gubernamentales y la justicia están modificando y mejorando sus métodos para identificar, combatir y sancionar las actividades de lavado de dinero a través de las criptomonedas.
La capacitación y la actualización profesional es una inversión, no un gasto, y no debe relegarse a un segundo plano.